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La Reforma Agraria peruana de los años 70 fue una de las más radicales de América Latina en el siglo XX. Entre Junio de 1969 y la primera mitad de los 80 más de 10 millones de hectáreas pasaron de manos de los ex propietarios a los campesinos comuneros y ex trabajadores que antes habían trabajado para las haciendas de todo tamaño y estilo.

Los propietarios expropiados recibieron “bonos” de reforma agraria y algunos de ellos los invirtieron en otras actividades económicas, como es el caso del Grupo Romero, hoy el segundo grupo económico más grande del Perú. Otros retuvieron sus bonos y saludan la decisión de que se les pague, pero discrepan del método propuesto por el TC pues dicen que equivaldría a 1,300 millones de soles cuando sus estimados son de 10,900 millones de soles. Un tercer grupo vendió sus bonos a empresas que compraron barato y que hoy esperan hacer su negocio. Dos serían las más importantes: el Banco de Crédito del Perú y Gramercy (de Connecticut, USA) con alrededor de 20 y 60% de los bonos respectivamente.

Desde el lado del gobierno, el Presidente Humala había invocado al TC a no tomar una decisión al respecto justo antes de su renovación, pero no le hicieron caso. El Ministro Pulgar Vidal ha expresado preocupación por el impacto presupuestal de esta medida, mientras que el Ministro Castilla ha dicho que se puede manejar y que además ya han estado pagando, sin que quede claro a quienes ni cuanto ni con qué criterio.

Pero hay temas de fondo que van bastante más allá de la preocupación por el impacto fiscal de la medida.

¿Porque el apuro del TC de tomar tan importante decisión un día antes de que su composición variara de manera fundamental? ¿Por qué el Presidente del TC Oscar Urviola –que ha sido durante años alto funcionario de ese mismo BCP que hoy es el segundo principal tenedor de estos bonos- usó su voto dirimente para desempatar la votación en favor del acuerdo tomado. Un juez recto se hubiese inhibido en un caso con tan tremendo conflicto de interés.

Y si es verdad que Gramercy y BCP son dueños de más del 80% de los bonos (lo afirman Pablo Secada, del Instituto Peruano de Economía, y Milton Von Hesse, Ministro de Agricultura), esta sentencia serviría principalmente no para reparar a las “víctimas de la reforma agraria” sino para beneficiar a dos grandes empresas que han estado comprando bonos a precio vil para embolsarse ahora sumas millonarias.

Finalmente, como opina Victor Andres Ponce en El Comercio, de lo que se trata es de establecer con claridad que la Reforma Agraria fue un error y que pagar los bonos es una forma de reconocerlo. Para analistas como Ponce, de lo que se trata es de matar de raíz la posibilidad misma de pensar en cambios sociales radicales, de poner los modelos vigentes en cuestión, de atreverse a pensar de manera diferente.

Los militares de los 70, que habían combatido a las guerrillas y los movimientos campesinos de las décadas previas, cuando notaron que los peones y siervos de las haciendas andinas y los obreros y yanaconas de las haciendas costeñas no aguantaban mas, decidieron impulsar reformas radicales para que no hubiese revoluciones radicales. Entendieron a su manera que la mejor forma de prevenir el comunismo era ampliar el ejercicio de la ciudadanía para darle bases reales a la democracia.

Por ello, mas allá de los indicadores de productividad del azúcar o del algodón, la reforma agraria –empujada por la movilización social campesina- fue para las mayorías rurales de entonces un importante proceso de ampliación del acceso a la propiedad de tierras y aguas, del ejercicio a la libre organización y expresión, y –después ya con el voto a los analfabetos- del ejercicio de la política.

Esto es algo que los analistas de la derecha empresarial y política se niegan a ver, porque no les conviene reconocer que la democracia participativa que hoy administran es precisamente una de las mejores herencias de las reformas de los 70.

Ahora bien, si la derecha política y mediática insiste en que hay que honrar las deudas, pues no nos quedemos en el pago de los bonos de la reforma agraria a los ex propietarios. ¿Qué tal si pedimos a esos ex propietarios que le paguen a las comunidades campesinas y los siervos y peones de haciendas por las décadas y centurias previas de apropiación de sus tierra y su trabajo? ¿Y qué tal si devolvemos a las poblaciones nativas todas las tierras que les fueron arrebatadas desde la conquista en adelante, o al menos su valor en dinero, bien dolarizado y a precios actualizados?

Tendríamos en este caso que pedir a Pilar Freitas que encabece la defensa de estos acreedores, a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional que se dediquen a elaborar una metodología para hacer el cálculo respectivo, y al Ministro Castilla que vaya haciendo caja para los reembolsos necesarios.

OTRA MIRADA