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Ampliar la cobertura de acceso a agua potable y saneamiento continúa siendo uno de los principales retos para el desarrollo del Perú. El sector privado puede ser una de las claves para el avance.

Cuando la población de Juliaca que tiene acceso a agua potable abre el caño de sus casas la probabilidad de que no salga ni una gota de agua es muy alta, pues apenas cuenta con dos horas de agua al día. Y es que pese a que en la localidad más del 77% de la población está provista de acceso a agua potable y el 75,8% a servicios de saneamiento se suceden los problemas de continuidad, que limitan la disponibilidad de agua a los juliaqueños, seguramente afortunados para el 11% de los peruanos que no tienen acceso a agua potable.

En el Perú en la última década se ha avanzado en la ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento, que se sitúan, según los especialistas, en alrededor de 80% y 70%, respectivamente. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 76,8% de la población contaba con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua en 2011 frente a 71,2% de 2001 y el 77,4% con acceso a servicios de saneamiento mejorados (60% en 2002). No obstante se trata de cifras que colocan al Perú aún a la cola en América Latina, donde el promedio de acceso a agua potable está en 91%, según cifras del Plan Nacional de Infraestructura de la Universidad del Pacífico y que llevan a los especialistas a asegurar cuando se les pregunta cómo está el Perú: “sí se ha avanzado, pero queda mucho por hacer”.

Entre agosto de 2011 y julio de 2013 en el sector de agua potable y saneamiento se ejecutaron inversiones por un valor de S/. 3.879 millones en un total de 950 proyectos en todo el país, según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, montos que se suman a las inversiones realizadas en la administración anterior y que ascendieron también a miles de millones de soles. Se trata en su mayor parte de inversiones financiadas por el erario público, que ha conducido los proyectos del sector desde la década de los noventa, a diferencia de rubros como el eléctrico y de comunicaciones, en los que las obras se han hecho con el sector privado.

No obstante, la brecha en infraestructura, según el citado plan de la Universidad del Pacífico, asciende a US$ 5.335 millones en agua potable y saneamiento. La lista de problemas es amplia y abarca desde carencia de conexiones hasta la existencia de subsidios cruzados, pasando por antigüedad de redes, pérdidas de agua y escasez de tratamiento de aguas servidas. El alcance y la magnitud de estos varían enormemente entre una región y otra.

Cambios en las EPS. En las zonas urbanas de provincias, como Juliaca, el servicio de agua potable y saneamiento se encuentra bajo el ámbito de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), reguladas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y que atienden a más de 18,7 millones de personas, de los cuales dos millones no tienen cobertura de agua potable y tres millones no cuentan con servicio de alcantarillado. Se trata de empresas –según Guido Valdivia, ex viceministro de Vivienda– gestionadas por un grupo de alcaldes, con un modelo de gestión regresivo y con dificultades para sincerar sus tarifas y para hacer inversiones, que requieren de un modelo de gestión adecuado.

Solo una de estas EPS actualmente está en manos privadas, Enfapa Tumbes, conducida desde 2011 por la empresa colombiana Agua de Manizales. A ella podrían sumarse otras nuevas empresas más adelante, tras la aprobación de la nueva Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, que tiene entre sus objetivos promover y consolidar a las EPS como entidades solventes y sostenibles. “Esta ley es un avance porque fija que el control de las EPS que estén en situación delicada pasen, por un plazo de 15 años, al Gobierno Central, que establece el mecanismo de reflotamiento o mejoramiento de servicio, que puede incluir asociaciones público-privadas u otras modalidades que involucren al sector privado”, dice Sergio Salinas, expresidente de Sunass. “Con esta ley, y tras la evaluación de las diferentes empresas, cabe la posibilidad de que estas se mantengan como están o que el mismo ministerio diseñe un plan de reflotamiento que no contemple al sector privado”.

“Debe mejorarse la gestión de las EPS, que son un desastre, e incluir gerencias y directorios de verdad para tener empresas mejor administradas, que luego pueden pasarse fácilmente a manos privadas”, propone por su parte Pablo Secada, economista jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), uno de los especialistas que apuesta por una mayor inversión privada en el sector.

Limbo en las zonas rurales. En el Perú rural, por otro lado, los servicios están a cargo de juntas municipales sin regulación alguna y de cuyo alcance real se desconoce. “Hay 4 millones de personas que no están reguladas, y de las cuales no sabemos quién les abastece ni qué tipo de calidad de agua tienen”, dice Fernando Momiy, presidente del directorio de la Sunass.

Para Momiy este ‘limbo’ regulatorio incentiva a las localidades a optar por el modelo de juntas para evitar pagar más por sus servicios, y las empresas que gestionan los servicios para poblaciones de más de 15.000 habitantes deberían ser reguladas por la Sunass.

En el otro extremo, Lima se erige como una de las ciudades con mayor cobertura y continuidad (22 horas, frente a las 18 a nivel nacional), aunque la empresa pública, Sedapal, continúa enfrentándose a problemas como la antigüedad de las redes y al reto de hacer llegar agua y saneamiento a alrededor de 800.000 limeños sin servicio, en un contexto, además, de crecimiento continuo y demanda incesante de nuevas conexiones y redes. “En Lima hay un problema grave con la red, que se ha saturado”, dice Pablo Secada, del IPE, quien asegura, además, que a la Municipalidad de Lima llegan por lo menos tres peticiones de nuevas conexiones de asociaciones de propietarios cada semana, reclamos que tardan años en responderse.

El crecimiento horizontal y vertical sin planificación de la ciudad complica, según Fernando Momiy, la ampliación de la provisión de agua potable y alcantarillado de las empresas prestadoras. “No hay una planificación territorial. Los constructores edifican en lugares donde las empresas no tienen previsto hacer cambio de redes”, explica Momiy, quien aconseja –aunque parezca increíble en pleno apogeo económico peruano– poner límites de crecimiento a las ciudades, especialmente de Lima.

“En la red de Lima se desarrollan medidas constantemente. Hay un esfuerzo de Sedapal, pero no es una tarea sencilla teniendo en cuenta las características de la ciudad y el crecimiento de la ciudad sin planificación”, dice Manuel García-Naranjo, director de la Maestría en Dirección de la Construcción de la Escuela de Postgrado de la UPC.

Paralelamente aproximadamente el 29% del agua de la capital se pierde por la antigüedad de las redes, por lo que es necesario, según Fernando Momiy, una renovación fuerte, pues estas han finalizado ya su vida útil. “En Lima se ha invertido mucho en ampliación de cobertura y se ha dejado de lado la renovación”, dice el presidente del directorio de la Sunass.

La meta del gobierno respecto a Lima es que para 2016 todos los ciudadanos cuenten con servicios básicos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, para lo que Sedapal invertirá en los próximos años S/. 8.443 millones en 148 proyectos, según declaraciones del presidente Ollanta Humala en febrero de este año. La cartera de proyectos incluye 81 iniciativas para ampliar la cobertura y optimización del servicio y 67 de rehabilitación y mejoramiento de las redes de agua y alcantarillado.

Mayor inversión privada. En la lista de proyectos de Sedapal figuran cinco megaproyectos de trasvase, tratamiento de agua, aguas servidas, y conexión de reservorios, que están siendo desarrollados por empresas privadas. Se trata del proyecto de trasvase Huascacocha-Rímac, la planta de tratamiento de agua potable de Huachipa y Ramal Norte y las plantas de tratamiento de aguas residuales de Taboada y La Chira, las cuales permitirán tratar el 80% de las aguas servidas de Lima, que hasta ahora se vierten al mar. “Se está viendo más participación privada, y creo que habrá más”, dice Pablo Secada. Y es que con la reforma de la ley de obras por impuestos y la posibilidad de que las iniciativas privadas puedan ser cofinanciadas por el Estado en lugar de tener que ser obligatoriamente autosostenibles para Secada se ha abierto la puerta a una mayor inversión por parte de la empresa privada, que podría darse también a través de asociaciones público-privadas.

“Es posible que en las áreas de la ciudad donde hay un importante potencial de desarrollo inmobiliario se incorpore al sector privado para que financie las obras”, propone el ex viceministro Guido Valdivia. Y es que tanto para Valdivia como para Pablo Secada y Sergio Salinas la participación del sector privado es importante para el avance en la reducción de la brecha en el sector.

En lo que respecta a la privatización de Sedapal, que estuvo sobre la mesa en los noventa, ponerla de nuevo sobre el tapete, según los especialistas, es complicado por el alto costo político que tendría. Para Pablo Secada sería más fácil y razonable empezar a trabajar con los gobiernos regionales, ofreciendo a las empresas privadas paquetes que incluyan las concesiones de más de una provincia para atraer al sector privado.

Tarifas turbias. La Sunass ha trabajado en los últimos años con las EPS para el sinceramiento de sus tarifas, que en algunas provincias no se habían modificado desde 1998. La tarifa media del país es S/. 2,1 por m3, pero en el caso de Lima es de S/. 2,68 y en el caso de los municipios con EPS pequeñas la tarifa es de apenas un sol. “Todavía hay retrasos. En las más pequeñas no se ha podido aprobar el régimen tarifario”, explica Fernando Momiy.

Para Sergio Salinas si bien se puede trabajar en el tema tarifario, las actuales tarifas del país no son la causa del déficit de infraestructura, sino que el principal problema es el modelo institucional de bajo nivel, en el que las empresas no tienen incentivos para manejar eficientemente el negocio y en el que las autoridades políticas son quienes manejan el agua.

En el esquema tarifario actual se subsidia a quienes consumen menos de 20 m3 al mes, de forma que industrias y comercios en general, según el presidente del directorio de la Sunass, subsidian a quienes consumen menos, pero sin tener en cuenta si realmente lo necesitan. El reto actual para el ente regulador es aplicar la información sobre la situación económica en las distintas manzanas de las ciudades de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) para poder subsidiar a quienes cuentan con menos ingresos.

Uso eficiente del agua. A la dificultad de adecuar los subsidios a la realidad socioeconómica de los ciudadanos se añade la complicación de saber cuánto se consume. El problema se está afrontando con la incorporación de micromedidores en los hogares, imprescindible para reducir el agua no facturada. Actualmente, según la Sunass, el nivel de micromedición es del 63,46% en el país frente al 46,49% de 2006, y el agua no facturada supone el 35,95% del total. “Hay un esfuerzo de micromedición, pero es insuficiente”, dice el ex viceministro Guido Valdivia.

La carencia de micromedidores en muchos hogares y la existencia de tarifas planas hacen que la población consuma sin saber cuánto y no tenga incentivos por ahorrar, según Sergio Salinas. “Como se cobra lo mismo si consumes poco o mucho no tienes ningún inventivo para usar agua de manera eficiente, y eso está pasando sin duda en el Perú”, dice el economista.

Los hogares, sin embargo, no son los grandes consumidores de agua, sino lo es la agricultura, que utiliza del 60% al 70% del total, un porcentaje que podría aumentar, según Fernando Momiy, ya que las áreas de sembrío continúan creciendo y todavía no está extendido en el país el uso tecnificado del agua mediante riego por goteo. “La agricultura consume cuatro veces más que las ciudades”, confirma Saúl Montoya, hidrogeólogo senior de la consultora especializada en recursos hídricos Gihadatari.

Por si fuera poco además de perderse mucha agua en hogares y agricultura, según Pablo Secada, se desperdicia mucha agua que baja de los Andes al mar, el 80% aproximadamente, que debería aprovecharse mediante reservorios o embalses.

Para Saul Montoya si bien el cambio climático está afectando ya a los recursos hídricos, el Perú aún no debe preocuparse por la escasez de agua, aunque sí por los conflictos que puedan derivarse de los trasvases. El hidrogeólogo recomienda crear reservorios para acumular agua de cara a los periodos de estiaje, pero añade que para ello se requieren altas inversiones y personal técnico calificado.

La necesidad de personal adecuado y bien remunerado en las empresas y que manejen los diferentes proyectos es para Fernando Momiy uno de los mayores problemas actuales del sistema peruano. “Se ha invertido en los últimos ocho años según el gobierno anterior S/. 6.000 millones, y este gobierno más de S/. 1.000 millones, pero ¿cuánto se ha destinado a capacitar para el manejo de la infraestructura y en mejorar los sueldos y salarios de las personas que trabajan para las empresas? Ni el 1% de eso”, dice el presidente del directorio de la Sunass.

Entre el personal de las empresas relacionadas con el sector la rotación además es alta, por lo que –explica Sergio Salinas– no puede haber una planificación a mediano plazo adecuada. “Es muy difícil que se pueda hacer algo cuando las personas rotan cada seis meses o cada año”, dice.

Llegar al 100% de cobertura en saneamiento y alcantarillado para los especialistas es algo que no se conseguirá a mediano plazo dada la gran cantidad de retos que afronta el sector de agua potable y saneamiento al que constantemente se le añaden nuevos retos. No obstante, para el ex viceministro Valdivia, el Perú se encuentra en un momento de crecimiento económico en el que si no se ajusta la estrategia para la dotación de agua y saneamiento perderá una importante oportunidad. Si bien se están tomando medidas para paliar los déficits en el sector para que las bombas del país bombeen a mayor ritmo, según los especialistas, las mejoras tienen que hacerse con la colaboración del sector privado. Cuando se trata de agua, toda ayuda es poca, pues están en juego el desarrollo del Perú y la verdadera inclusión social.

AE