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Unas 15 universidades públicas, 30% de las que hay en el país, enfrentan crisis severas por denuncias de corrupción contra sus autoridades y la lucha de poder, sostuvo el titular de la Comisión de Educación del Congreso,Daniel Mora.

Señaló que esta situación demuestra que la política de comisiones interventoras, dispuesta por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) no ha funcionado.

Según explicó, el común denominador de la problemática de estas casas de estudio es la lucha interna por el poder, por querer manejar los recursos del canon y sobrecanon y las acusaciones de corrupción en la ejecución de obras para los alumnos.

Dijo que el caso de la Universidad La Cantuta, donde esta semana hubo acciones de violencia, no es exclusivo, pues también hay serios problemas en la Universidad Santiago Antunez de Mayolo, en la de Moquegua, la Intercultural de Amazonía, entre otras.

“En Santiago Antunez de Mayolo se ha perdido una barbaridad de clases, en Moquegua van seis comisiones reorganizadoras y nada. En la Intercultural hace poco hubo una quema de las oficinas administrativas. La cosa es seria”, aseveró.

“En la UNSA de Arequipa también hay problemas, en Toribio Rodríguez de Mendoza, en la de Cusco, en Madre de Dios, en todos, y casi siempre es por lo mismo: denuncias de corrupción sobre sus autoridades”, añadió el legislador.

Sostuvo que ante la esa situación de crisis, la ANR intervino con comisiones reorganizadoras que no han sido solución, pues se nombra a personas cuestionadas y que no cumplen con la función asignada.

“En Amazonas se nombró como conciliador a una persona con sentencia judicial, y en otro caso a un exrector, exalcalde y funcionario suspendido por faltas administrativas. Así no se soluciona nada de nada”, enfatizó.

Para Mora, la situación puede cambiar si se establecen requisitos más exigentes para ser rector, como el doctorado y publicaciones científicas obligatorias a nivel internacional, y que no haya reelección.

“Ni el rector ni los vicerrectores deben ser reelegidos, pues allí empieza el problema. Además, la elección tendría que contar con el control de la ONPE pues los comités electorales de las universidades no son lo mejor”, dijo.

Igualmente, refirió, resulta importante una mejor supervisión de los recursos con una participación más activa de la Contraloría, ya que los órganos de control internos son nombrados por el rector, lo que no garantiza objetividad.

Todos estos cambios, comentó, están contemplados en el proyecto de ley universitaria, cuyo debate se retomará este lunes con el capítulo IX, relacionado con derechos y deberes de los estudiantes. “La idea es culminar el debate de los 40 artículos que faltan y aprobar el dictamen en diciembre. Falta poco tiempo pero aún es manejable”, puntualizó.

ANDINA/GESTION