MUSUQ CHASKI NOTICIAS

Rubén Perina*

Si es verdad que el régimen sirio de Bashar al-Assad ha utilizado armas químicas (como el sarín) contra la oposición y su propia población el 21 de agosto pasado, resultando en la muerte de más de 1400 inocentes civiles, incluyendo unos 400 niños, ello representa un crimen de lesa humanidad, violatorio de normas internacionales (Protocolo de Ginebra de 1925 y Convención sobre armas químicas de 1993). Los inspectores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) seguramente confirmarán el hecho, pero no tienen mandato para determinar quién utilizó tales armas. Por su parte, el Gobierno norteamericano, no tiene dudas sobre el acontecimiento (como en Iraq) ni tampoco de que el responsable es el dictador sirio.

Ni los tratados internacionales, ni la posible condena y reacción de la ONU por la violación de los mismos y por la responsabilidad colectiva de proteger a poblaciones vulnerables (intervención humanitaria), ni la amenaza de un ataque militar norteamericano disuadieron al Gobierno sirio de usar armas químicas. El Consejo de Seguridad de la ONU tampoco ha logrado el consenso necesario para condenar y menos actuar para sancionar al transgresor, y así prevenir futuras masacres del pueblo sirio. China y Rusia se han opuesto a ello.

Sin embargo, varios países, los sudamericanos (miembros de UNASUR) entre ellos, sí han condenado un posible ataque militar norteamericano contra el régimen sirio, y han hecho un llamado por la paz y las negociaciones (que no han prosperado), sin poner énfasis en el genocidio perpetrado y sin proponer una acción realista y urgente para evitar su recurrencia. La seguridad de la población no parece preocupar tanto como el “intervencionismo” y la soberanía del Estado represor. La violación a los derechos humanos, por más aberrante que sea, pasa a segundo plano.

Como en otras ocasiones similares (Panamá, Kosovo y Libia), la parálisis o abdicación de la responsabilidad multilateral, da lugar a una intervención unilateral y militar de Estados Unidos. Aunque su presidente, el “guerrero renuente”, prefiere la acción multilateral y no quiere a su país en otra guerra (ha terminado la de Iraq y está finalizando la de Afganistán), la horripilante situación siria y las presiones para intervenir han podido más que su preferencia. Alguien tiene que encargarse de la gobernanza global.

Al presidente Obama lo “impulsan” a intervenir varias exigencias inherentes a la condición de Estados Unidos de líder y primera potencia mundial. Entre ellas están:

• La responsabilidad moral y humanitaria que ha asumido para proteger la vigencia de derechos humanos elementales y de normas internacionales como la prohibición del uso de armas bioquímicas.
• La obligación de cuidar sus intereses geo-políticos y estratégicos en la región y los de sus aliados (Israel, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Turquía e Iraq).
• La necesidad de prevenir la impunidad y el uso futuro de armas químicas en la región y además evitar que Irán (y Corea del Norte) se sienta envalentonada para lograr armas nucleares.
• La presión doméstica e internacional de castigar y debilitar al régimen de Al-Assad y facilitar su caída y la victoria de la oposición.
• La responsabilidad de mantener la autoridad y credibilidad de su presidencia y de su país. 

Dada la considerable oposición de la opinión pública (59%) a un ataque militar, y las constantes críticas de importantes sectores republicanos, demócratas y del Tea Party, por diferentes y opuestas razones, el presidente solicitó al Congreso estadounidense autorizar o no el ataque militar. No está claro cuál será el resultado de la votación, pero en cualquier caso es muy probable que la inestabilidad, inseguridad y violencia de la región continúe o empeore.

La parálisis y fracaso del multilateralismo para prevenir o reaccionar rápida y contundentemente contra la comisión de crímenes de lesa humanidad y así asegurar la paz y la seguridad internacional (que de hecho facilita la intervención unilateral) exige una profunda reflexión tendiente a modificar y revitalizar el papel de la ONU y su Consejo de Seguridad.

Un elemento a considerar es la democratización de su sistema de decisiones: aumentando el número de miembros permanentes, eliminado o relativizando su derecho al veto (que inmoviliza a la ONU y la torna irrelevante en casos que requieren intervención humanitaria), y permitiendo una mayor participación de su Asamblea General en decisiones sobre crisis humanitarias en base a informes del secretario general.

*Rubén Perina, Profesor de las Universidades de Georgetown y George Washington

PERSPECTIVA